Dr. Roberto Porcel: " Para cierta Justicia no es delito vender marcas falsificadas"

Presentamos a nuestros Clientes, colegas, amigos y relacionados Artículo publicado en La Editorial Iuris donde se analiza un Dispositivo Judicial (Sentencia) emitido por un Juez en la Provincia de Tucumán República Argentina donde nuestro Colega y amigo el Dr. Roberto Porcel analiza las consecuencias que se derivan de dicha Decisión Judicial y lo delicado de la posición asumida para los Titulares de un Derecho Marcario.

¡Cordiales, Saludos!

Dr. Gilberto Antonio Andrea González

ABOGADO-U.C.A.B.

Para cierta justicia no es delito vender marcas falsificadas.

Desgraciadamente una vez más tenemos que asistir a fallos arbitrarios que no respetan la ley ni los derechos de los ciudadanos. Para la Cámara Federal Penal de Tucumán quién comercializa productos con marca falsificada no incurre en el tipo penal. Por el contrario se lo considera un "damnificado" y en su lugar se manda a investigar al dueño de la marca.

Si, no han leído mal. Para este Tribunal, la conducta que hay que investigar es la del titular de la marca damnificada y no la del conciudadano local que se enriquecía a costa de la comercialización de productos con la marca de un tercero sin la autorización de este último. No resulta un hecho novedoso tener que sortear todo tipo de obstáculos cuando nos toca tener que ir a defender los derechos de un titular marcario a algunas provincias de nuestro país. Pero nunca antes nos topamos con una sentencia como la que aquí se comenta. Realmente escandalosa. Luego de tener por acreditada la titularidad de las marcas falsificadas en cabeza del legítimo dueño, y de tener por reconocida la falsificación por parte de quién las fabricaba de manera irregular, resuelve investigar la conducta de estos dos, en lugar de procesar o investigar al comerciante tucumano. Sencillamente, convierte a la víctima en victimario.

Esperemos que la Cámara de Casación Penal ponga nuevamente las cosas en su lugar y no permita que se convierta tan solo en una ilusión o un espejismo la pretensión de defender nuestro derecho de propiedad en determinadas provincias. Ojalá la ley se aplicara como se debe en todo el país, y no suceda más lo que advirtiera el Ministro de Salud, Dr. Ginés González García en cuanto a que “hay jueces que utilizan la justicia para no aplicar las leyes...”

El art. 39 de nuestra ley de marcas nos ofrece una presunción iuris tantum pero que se debe interpretar justamente al revés de como lo hace el tribunal cuestionado. Así pues, esta presunción consiste en considerar que existe falsificación de parte de quién se encuentra en poder de la mercadería en infracción, si no cuenta con la documentación que justifique su tenencia. Pero su presentación de ninguna manera lo exculpa si el producto es espúreo, como ocurre en el caso de autos.

De manera concordante, el Acuerdo TRIPs en su art. 16 indica que "...El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso..."

Y como para que no queden dudas al respecto, define "...Para los fines del presente Acuerdo: a) se entenderá por «mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas» cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación;..."

En pocas palabras entonces, si al momento de realizarse el secuestro del producto en infracción quién la detenta no cuenta con la documentación idónea que justifique su legítima tenencia, se "presume" que ya está probada la falsificación. Si por el contrario presenta documentación, hay que realizar la pertinente investigación para verificar si la mercadería incautada lleva puesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate le otorga la ley.

Surge de la propia sentencia justamente esta condición; está acreditado que las zapatillas en cuestión usaban una marca debidamente registrada sin la autorización de su dueño, al igual que en su packaging, y que los modelos eran idénticos.

Luego, la sentencia es manifiestamente contraria a derecho, y así ya se ha planteado a través del pertinente recurso de casación.

La perla de esta "arbitrariedad" es la parte de la resolución que manda a investigar al titular de la marca.

Sin palabras.

Por Roberto J. Porcel Abogado socio del Estudio Porcel & Cabo (Argentina)